De concretarse esta idea, el Estado mexicano rechazaría el privilegio del uso de la fuerza (que le otorga la Constitución) para cederlo anárquicamente a todo lo que sea parecido a las tristemente célebres Brigadas de Respuesta Rápida de las dictaduras de Cuba y Venezuela
Es de desear que haya sido una frase al vuelo y no una decisión de Estado, la sugerencia del presidente para que unos ciudadanos enfrenten a otros en la calle y, así, evitar que “actúen provocadores” en las manifestaciones callejeras.
Sí, porque abre la puerta a la existencia de grupos de choque para crear un nuevo orden público, que enfrentaría a civiles con civiles: una estrategia de seguridad propia de los sistemas totalitarios, y que siempre acaba en algún tipo de Gestapo.
Después de marchas violentas que incendiaron zonas de aglomeración en la CDMX, y a 24 horas de la tradicional manifestación del 2 de octubre, que cada año tiene saldos de violencia, destrozos de la propiedad privada y desordenes públicos, el mandatario dijo:
“Y pedirles a todos los participantes que nos ayuden para que, si se infiltran provocadores, los aíslen y los mantengan separados. Nosotros, que venimos de oposición, sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores: con organización, bastante organización de los manifestantes”.
De concretarse esta idea, el Estado mexicano rechazaría el privilegio del uso de la fuerza (que le otorga la Constitución) para cederlo anárquicamente a todo lo que sea parecido a las tristemente célebres Brigadas de Respuesta Rápida de las dictaduras de Cuba y Venezuela.
No deja de asombrar, sin embargo, que ello suceda, pues fue el propio presidente quien, siendo Jefe de Gobierno (2000-2006) endureció las leyes en el entonces Distrito Federal para evitar actos de vandalismo, con penas de hasta 30 años de cárcel.
Al inicio de sus gestiones como Jefe de Gobierno, eran comunes las tomas de instalaciones y obras del Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo cual afectaba la libertad de terceros, en la figura de millones de usuarios. Así que la respuesta fue durísima, en forma de leyes.
La Asamblea del DF, con mayoría del partido en el gobierno, reformó el artículo 362 del Código Penal, con “penas de cinco a 30 años de prisión…, al que, mediante violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del GDF, o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
El mismo partido, que seguía en el poder en la capital, eliminó el artículo 362 en la Navidad de 2012, para evitar que les fuera aplicado a grupos afines que destrozaron el Centro Histórico de la ciudad el 1 de diciembre de 2012, bajo protestas de “fraude” por la llegada de un priista a la presidencia.
Y ahora, con otro nombre, quiere crear grupos de choque. La verdad, es preferible que retomen el artículo 362. Al fin y al cabo…
Fue una ocurrencia de ellos.
Minuto a minuto
