El Gobierno de Guatemala decretó el pasado 5 de septiembre un ‘Estado de sitio’, por una emboscada a tres militares, presuntamente por narcotraficantes
Más de 300 personas han sido detenidas en Guatemala por el “Estado de sitio” declarado el pasado 5 de septiembre, una emergencia que según las autoridades también ha permitido destruir más de un millón de plantas de droga.
La Policía Nacional Civil divulgó este lunes un breve resumen sobre los resultados de las acciones realizadas en más de una veintena de municipios de cinco departamentos del noreste del país donde se declaró el “Estado de sitio” después de tres militares murieran en una supuesta emboscada del narcotráfico.
Ese hecho, que además dejó otros 5 infantes heridos y uno ileso, llevó al Gobierno de Guatemala a tomar esta decisión que ha dado como resultado la captura de 316 personas por diversos delitos y la recuperación de 3 vehículos y 5 motocicletas.
De los 316 capturados, 82 fueron por cumplimiento de órdenes judiciales, 76 por ebriedad y escándalo, 40 por responsabilidad de conductores, 44 por portación ilegal de arma de fuego, 2 por allanamiento judicial, 9 por agresión o riña, 7 por robo o hurto, 2 por extorsión, 7 por lesiones u homicidio culposo y 47 por otras causas.
Por su parte, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil indició que ha localizado y destruido más de un millones de arbustos de hoja de coca, 223 mil 303 matas de mariguana y dos narcolaboratorios, además de 4 vehículos, 6 armas de fuego, 17 tolvas y 316 municiones.
La emergencia, que fue aprobada por el Congreso y que estará en vigor por al menos 30 días, busca combatir, según las autoridades, la proliferación de los grupos del narcotráfico en el noreste del país.
El artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades “terroristas, sediciosas o de rebelión” que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves “pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado”.
También cuando se registran o se tengan “indicios fundados” de que se van a producir “actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva”.
Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar “el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia”.
Esta situación le permite a la autoridad militar, según el artículo 19 de la misma norma, “intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento” cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios “preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados” cualquier acción.
Además, restringe derechos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a la reunión o la portación de armas, entre otros.
Guatemala integra junto a Honduras y El Salvador el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerado una de las zonas más pobres y violentas del mundo tanto por el aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como por la debilidad de las instituciones estatales y el accionar de las pandillas.
Durante 2017, el 90 por ciento de la cocaína que llegó al mercado de Estados Unidos, el mayor consumidor de esta droga en el mundo, pasó por el corredor centroamericano, según el informe anual del Gobierno estadounidense sobre narcotráfico en el mundo.
En los últimos tres años, de acuerdo con las estadísticas oficiales de Guatemala, se realizaron incautaciones récord de esta droga, llegando en 2016 a los 12 mil 818 kilos, un año después a los 13 mil 659 kilos y en 2018 a los 16 mil 829.
Con información de EFE
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