Datos del Observatorio Nacional Ciudadano argumentan que la extorsión es el segundo mayor ilícito cometido en México
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, informó que la próxima semana, en el marco de la Sesión Permanente, presentará dos iniciativas en materia de seguridad, donde destaca incluir en el Código Penal Federal la extorsión como delito grave.
En el caso de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 constitucional, para incluir la extorsión como delito grave, responde a una demanda de empresarios y comerciantes establecidos, que son víctimas de ese delito con el pago de “derecho de piso”, lo que tiene efectos económicos y sociales, explicó.
El legislador destacó la necesidad de contar con mejores instrumentos para “ir cerrando la puerta giratoria”, como parte del perfeccionamiento del sistema penal acusatorio que entró en vigor en 2016, buscando “que no haya fisuras en la ley que permitan la impunidad, ese es el objetivo”.
Planteó como ejemplo que en la Ciudad de México, había en 2012 unos 42 mil internos en los centros de reclusión, contra 25 mil “y no quiere decir que necesariamente se readaptaron socialmente, sino que cambiaron las reglas y dificultó que personas que cometen (delitos) se encuentren detenidas”.
Asimismo, en la exposición de motivos, el legislador señaló que con base en datos del Observatorio Nacional Ciudadano, la extorsión es el segundo mayor ilícito cometido en México, solo por debajo del robo o asalto en la calle o transporte público.
Refirió que de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, hay una tasa de siete mil 719 extorsiones por cada 100 mil habitantes, en 93.2 por ciento de los casos realizada por vía telefónica.
A su vez, el Semáforo de Delitos de Alto Impacto en el país reportó que de mayo de 2018 a mayo de 2019, este delito aumentó 38 por ciento.
Batres afirmó que la extorsión ha sido causa del incremento de la delincuencia organizada en el país, pero también una manera de manifestarse de la corrupción, y agregó que en el artículo 390 del Código Penal Federal castiga ese delito con una pena de entre dos y ocho años de prisión.
La segunda iniciativa se refiere a otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de “cuerpos de reserva”, para redefinir su rol en materia de seguridad.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicional la fracción XXXII del artículo 73 de la Constitución, a efecto de otorgar facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de cuerpos de reserva, es a sugerencia del ministro en retiro, José Ramón Cossío, planteó.
En conferencia de prensa, el legislador de Morena precisó que ambas iniciativas buscan dotar de herramientas el Estado para reforzar la seguridad en el país.
Con información de Notimex
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