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LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ,
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:

+ Para qué tanto brinco,
estando el suelo tan parejo.
Refrán popular

Espero que haya tenido tiempo de echarle un ojo al reporte difundido ayer por Integralia Consultores bajo el título 10 Riesgos políticos para 2026, uno más complicado que el otro.

El equipo del doctor Luis Carlos Ugalde coloca en primer lugar el riesgo de la aprobación de “una Reforma Electoral que vulnera la integridad del sistema electoral”, otorgándole un nivel de impacto alto y una probabilidad de ocurrencia muy alta; coincido plenamente.

Aun cuando todavía no se da a conocer la versión final que se enviará al Congreso, hay muchos indicios sobre los puntos nodales y permítame comentarlos.

La Comisión para la Reforma Electoral (RE) prometió la mayor publicidad y transparencia, pero justo de eso ha carecido. Se organizó un formato muy rígido para “escuchar” las propuestas de los ciudadanos interesados y no se informó sobre cómo se procesarían, lo cual hace suponer que sencillamente no se hizo nada con ellas. Tampoco se han divulgado los resultados de las encuestas que se levantarían entre la población; y en el mismo tenor andan los debates entre especialistas y partidos políticos.

Así las cosas y como apunta el reporte, lo más probable es que la RE mantenga su propuesta de reducir el número de plurinominales, lo cual afectará seriamente el pluralismo y dará un sobrerrepresentación al oficialismo. Desde mi punto de vista, la utilidad democrática de los plurinominales además del número está en la calidad de los diputados y senadores que llegan por esa vía. La gran crítica que se les hace es que esos cargos se distribuyen entre las cúpulas partidistas, pero no es reduciendo su número como eso se soluciona el problema, sino modificando la ley para que quienes aspiran a un cargo plurinominal no sean altos funcionarios de partido.

De la Reforma Electoral, lo que más me asusta es la idea de abrir al voto popular la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Para esos cargos no se necesita al más simpático, ni al que da mejores discursos o al que hace click con el elector; se requiere al más conocedor de la ley electoral, al más firme en su convicción de respetar la ley y el marco democrático, y al más independiente de los partidos y de los grupos de poder.

Todos esos requisitos se van a ir al bote de la basura. Si de algo sirvió la elección de jueces ha sido para constatar que hay manipulación de parte del gobierno y de poderes fácticos, como vimos con los acordeones; que llegaron al cargo personas sin preparación y, lo peor, de dudosa reputación. Pero la 4T no escarmienta en cabeza propia ni en la ajena.

Otro aspecto muy preocupante es que en la versión final de la RE prevalezca la intención de eliminar el Servicio Profesional Electoral, desapareciendo los 300 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). No dudo que tal eliminación va a ahorrar dineros, el problema es a qué precio: disminuirá considerablemente la certidumbre sobre los comicios y, por ende, se afectará la estabilidad política y la legitimidad. No olvidemos que, en los 30 años de su existencia, ningún comicio ha sido impugnado por alguna deficiencia de parte del INE o de algún OPLE. Ninguno. Pero a la 4T esto de la eficiencia y el profesionalismo le valen mad$”s.
Desde un punto de vista práctico, doña Rosa Icela, si cuando hay elecciones el INE batalla mucho para contratar temporalmente a los capacitadores de funcionarios de casilla, ¿de dónde van a salir las personas que conozcan y cumplan las leyes y los procedimientos para mantener la integridad del voto?

Lo más probable es que los nuevos OPLEs acaben infiltrados por los partidos políticos, cuando no por la delincuencia organizada.

El espacio se me acaba, así que permítame, señora secretaria, traer a colación un dato difundido en septiembre pasado. Una encuesta publicada por El Financiero da cuenta de que los intereses ciudadanos no coinciden del todo con los supuestos sobre los cuales la 4T está lanzando la Reforma Electoral. Los ciudadanos prefieren, y por mucho, que la próxima RE garantice que “las elecciones sean libres y equitativas” (57%), frente al objetivo de “reducir los costos” (39%).

Más allá de reducir un poco el financiamiento a los partidos, ninguna otra medida es necesaria. Peor todavía, si la RE violenta los derechos humanos de la ciudadanía, pues ya no hay la figuras legales con cuales impugnarla; ya ve que al amparo y la controversia constitucional les quitaron los dientes.

Lo único que muestra la Reforma Electoral es una descarada maniobra para hacer un entramado que facilite a MORENA abarcar cada vez más poder y por más tiempo. A eso se le llama autocracia.

+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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