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Las acusaciones contra Genaro García Luna no se entienden con los narcodichos, al menos con la información disponible, pero quizás el monto de sus cuentas bancarias y otras posesiones (bienes inmuebles, empresas, vehículos…), mantenidas todavía en reserva por la fiscalía estadunidense, constituyan una fortuna legalmente inexplicable de quien se desempeñó 23 años en el servicio público y que llegó a ser secretario federal de Seguridad Pública.

De ser así, lo mínimo que podría deducirse es que se corrompió.

A falta de datos verosímiles, acéptese la premisa viable de que se trata de un corrupto que, además, traicionó a sus jefes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, como también a su familia, a sus amigos y, peor, a todo lo que cabe en el concepto sociedad mexicana.

El misterio a resolver sería dar con la fuente de su riqueza, con el origen, o sea, saber si el dinero lo robó del presupuesto de la Agencia Federal de Investigación o, mucho más, de la Secretaría de Seguridad Pública, o si se prestó a recibir narcosobornos.

Las partidas de que dispuso en la SSP fueron crecientes: en 2006 algo más de nueve mil 200 millones de pesos y la última, en 2012, la friolera de 40 mil millones.

Destilada en el proceso que se le siguió a Joaquín El Chapo Guzmán, la narcoversión es que los hermanos Zambada le hicieron dos entregas: una de tres y otra de cinco millones de dólares. Esto equivale a unos 160 millones de pesos, a cambio de los cuales, se supondría, les brindaba protección. Sin embargo, ¿qué garantía podía tener la banda criminal de que no la persiguieran otras instancias, por ejemplo el Ejército, la Marina Armada, la Procuraduría General de la República o la DEA?

Lo que no admite duda es que a García Luna le habría sido mucho más fácil y menos riesgoso despacharse de las decenas de miles de millones de pesos presupuestales en vez de aceptar la morralla de 160 en narcomordidas.

En el jabonoso piso de las elucubraciones, una vertiente distinta a la de corrupción se da en los antecedentes y el contexto de su captura con algunas declaraciones de autoridades estadunidenses, primero sobre el culiacanazo y después por el homicidio de tres madres y seis niñas y niños de la familia LeBarón, que clamó por el apoyo del gobierno gringo y logró en seguida el del FBI. Trump hizo suya la petición de que los criminales mexicanos fueran tratados como terroristas pero, luego de la visita que hizo a México su procurador general, anunció que aplazaba la decisión.

De ahí el chisme de que se trató de un inconfesable “acuerdo” muy favorable a los dos presidentes: Trump afianza popularidad con miras a la reelección por mantener a México bajo una más de sus amenazas y López Obrador se deshace de la presión que venía ejerciendo su némesis, el ex presidente Felipe Calderón, contra la blanda política de seguridad actual y la creación de un nuevo partido político…