Eutanasia en Colombia: La lucha de quienes quisieron morir tras tener una vida completa
Foto de EFE.

Hace ya 25 años que la Corte Constitucional colombiana dejaba escrito en piedra y despenalizaba la eutanasia en una sentencia pionera:

El Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad”.

Desde entonces Colombia se ha posicionado como uno de los países más avanzados en este derecho y ha ido evolucionando hasta el punto de que el año pasado se despenalizó la eutanasia para casos no terminales.

“Quienes son ciudadanos colombianos y quienes siendo extranjeros vivan en Colombia durante por lo menos un año tienen reconocida una alta y una gran autonomía en relación con las decisiones en el fin de la vida y pueden tomar muchas más decisiones sobre el fin de su vida que la mayoría de personas a lo largo del mundo”, explica el director de investigaciones del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), Lucas Correa.

LOS QUE ABRIERON CAMINO

A este punto se ha llegado “gracias a los casos de múltiples personas anónimas que a lo largo de 28 años forzaron y presionaron al sistema judicial a reconocer a esos derechos”, reconoce Correa, que desde DescLAB ha ayudado a muchos de ellos a conseguir ejercer este derecho.

Fue José Eurípides Parra quien solicitó en 1997 la inconstitucionalidad del delito de “homicidio por piedad” porque consideraba algo tan simple como que el Estado social debería garantizar la vida de las personas.

El Estado relativiza el valor de la vida humana, permitiendo que en Colombia haya ciudadanos de diversas categorías”, señala esa sentencia histórica.

Sin embargo, no empezó ahí. En 1993 el hermano de María Libia Pérez Duque, “una mujer de aproximadamente 55 años de edad, analfabeta” y del campo, acudió a los juzgados porque no quería ir al médico a Medellín a seguir sus tratamientos contra el cáncer.

La Corte Constitucional acababa de nacer y uno de sus primeros casos fue justamente esta acción de tutela. Sin embargo, lejos de dar la razón al hermano, reconocieron que María Libia tenía derecho a la “adecuación del esfuerzo terapéutico” y de esa forma a rechazar o modificar los tratamientos que se le ofrecen. Ahí comienza a resignificarse la vida y también la muerte.

LOS MÁS RECIENTES

Sin embargo, entre 1997 y 2015 hubo un vacío legal. Las eutanasias, a pesar de estar legalizadas, se realizaban a escondidas, en clínicas privadas y el derecho se elitizó.

Lo que se instituyó en Colombia fue un enorme o fantástico mercado de la muerte privada”, considera Correa. Se despenalizó el procedimiento pero nunca se reglamentó y los que se hicieron se hacían de manera “ilegal, oscura y privada”.

Hasta que llegaron de nuevo los magistrados de la Corte Constitucional. En 2014 sacaron otra sentencia que volvía “operativo” el derecho, es decir, abría la puerta a los procedimientos públicos.

Uno de los primeros casos conocidos fue el de Ovidio González Correa, a quien un cáncer de boca le estaba desfigurando la cara. “Yo sé para dónde voy y no quiero ser un guiñapo en una cama”, decía este zapatero de 79 años.

Te puede interesar: “Matar no es humano”, reacciona papa Francisco a eutanasia

Sin embargo, minutos antes de la hora acordada de su muerte, la clínica detuvo el procedimiento porque los médicos dieron marcha atrás. Algo parecido le sucedió a Martha Sepúlveda el año pasado.

Martha era una mujer de 50 años a la que le autorizaron el procedimiento casi sin problema. Fijó una fecha e hizo el proceso de despedida. También decidió contar su caso a la prensa y salir en la televisión antes de morir.

La sociedad conservadora colombiana no lo toleró”, recuerda Correa, que llevó su caso. No toleraron ver a una mujer feliz, con su vida completa vivida y con la determinación de no querer vivir más. Sufría Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y había tomado la decisión de no seguir con su vida.

Pero no todos los casos han sido una carrera de obstáculos. Desde 2015 y hasta el 31 de agosto, según datos suministrados por el Ministerio de Salud a Efe, se han realizado 316 procedimientos, de los cuales más de la mitad fueron en los últimos dos años (95 en 2021 y 93 en los ocho primeros meses de 2022).

La mayoría son de personas que se enfrentaban a una muerte inminente, ya que hasta 2021 -y gracias nuevamente a una sentencia de la Corte Constitucional- solo estaban permitida la eutanasia en casos terminales.

Hoy en día uno podría decir que el rompecabezas de la muerte digna y de las decisiones en el fin de la vida está completo”, resalta Correa, ya que actualmente cualquier persona con un “intenso sufrimiento físico y psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable” puede acceder a la muerte digna.

Desde entonces, además de Martha, ha habido casos como el de Amparo, que tras sufrir varios problemas de salud, decidió que quería terminar su vida, que no quería empeorar ni depender de nadie, cuenta Correa.

“Yo quiero tomar una decisión autónoma”, dijo esta mujer mayor. Y comenzó sola el proceso de acceso a la eutanasia. Tras múltiples negativas y tutelas obtuvo una respuesta positiva y le comentó a su familia su decisión. Antes de acabar su vida, resalta Correa, se toma su tiempo para cerrar asuntos, hace varios viajes pendientes, come lo que le apetece y cuando llega la fecha, fallece. En dignidad.

En Colombia, actualmente “son legales todas las posibles decisiones que una persona pueda tomar sobre el fin de su vida: desde no hacerse nada y esperar a que la muerte llegue de manera natural, pasando por acceder a los cuidados paliativos, modificar o adecuar el esfuerzo terapéutico (…) y finalmente la muerte médicamente asistida”.

Y por eso, personas como Amparo, una mujer soltera, sin hijos y que ha vivido una vida completa, pueden decidir cuándo dejar de vivir.

Con información de EFE