A mitad del camino

Dentro de 37 meses —según lo estipulado en la Carta Magna—, Andrés Manuel López Obrador deberá entregar la banda presidencial. Entonces se verá si la Cuarta Transformación se consolida con los votos de la mayoría, o es desechada. Los cambios legales y la ruta económica implementadas no han ocurrido orgánicamente; tampoco cuentan con el consenso de los principales actores políticos, económicos y sociales.

La contingencia sanitaria ha eclipsado el primer trienio del lopezobradorismo y ha desencadenado una serie de profundos desequilibrios, con la cerrazón y la intolerancia como signos más ominosos. Los estados de crisis se presentan como una desintegración de las instituciones sociales, postulaba Jürgen Habermas. Y este gobierno mantendrá su agenda reformista, para aniquilar al status quo.

Han pasado tres años del arranque de la Cuarta Transformación. En el corte de caja surgen otros datos. Entre ellos, el Índice de Desarrollo Democrático —una evaluación realizada por PoliLat con el financiamiento de la Konrad Adenauer Stiftung, CEPOS, la USEM y el INE— con datos desagregados por entidad federativa y referencias a estudiosos de los sistemas políticos, focalizadas en los populismos.

Y es que el riesgo de lo que denominan una “regresión democrática” está latente. El Índice de Desarrollo Democrático compendia información generada desde el 2010 y en este periodo —que ha visto pasar a gobiernos panistas, priistas y morenistas— han surgido signos y síntomas de un proceso degenerativo que podría desembocar en autoritarismos.

A mitad del camino, la Cuarta Transformación tendría que considerar los planteamientos expresados en ese reporte y otros análisis que circulan profusamente entre tomadores de decisión y dirigentes de organismos empresariales. Una de las ideas más desafiantes surge de un análisis realizado por el politólogo argentino Andrés Malamud a partir del experimento realizado por Paul Marx y Gijs Schumacher hace tres años en Dinamarca sobre las determinantes del voto entre los pobres.

Los electores de clase baja —plantearon los investigadores daneses— votan por razones diferentes a los de clase media y alta. Y descubrieron que aun en perjuicio de sus propios intereses, tienen propensión a votar contra los partidos establecidos y los políticos de carrera, no obstante que esto se traduzca en la cancelación de políticas sociales. “Cuando se enojan, los pobres cometen una herejía teórica y dejan de votar con el bolsillo. Los partidos democráticos están en peligro si no entienden que la rabia puede más que el interés”, concluyó Malamud.

La 4T seguramente tiene otros datos. Y —de acuerdo con las instrucciones que el Ejecutivo federal— la prioridad de su administración será ampliar los programas sociales que benefician a los más desprotegidos. El problema está en la falta de recursos.

Los desafíos para el sistema democrático —subraya el IDDMX— se agravan con la polarización, que con sus derivados de las fake news, los trolls y la posverdad, han dificultado la construcción de la agenda pública, mientras que los partidos y los dirigentes se muestran ensimismados, concentrados en atender sus objetivos personales o sectoriales.

En este contexto, los problemas no admiten tratamiento secuencial. Pero aquí, primero los pobres…

Efectos secundarios
APARTADOS. Hace dos semanas comenzaron a correr versiones entre integrantes de la cúpula de la Cuarta Transformación —léase directores de área y jefes de unidad— sobre la “petición urgente” que recibieron para depositar 259 pesos en una cuenta bancaria. Dicho “donativo voluntario” serviría para adquirir “A la mitad del camino”, el libro más reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador. El problema es que nada recibieron a cambio, salvo la promesa de que podrán recoger su ejemplar a partir del 2 de septiembre, según los tiempos pactados con la editorial. Entre mandos medios de las dependencias federales, el llamado ha sido para comprar cachitos para el magno sorteo del próximo 15 de septiembre, cuyo premio mayor es el palco presidencial en el Estadio Azteca.

RATIFICACIONES. Hace tres meses, en las oficinas centrales del IMSS esperaban una mudanza mayor. El director general de esa institución, Zoé Robledo Aburto, tenía otros datos y pedía que lo dieran por muerto. Habían pasado semanas álgidas. Entre Julio Scherer, Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero no habían podido cumplir varias encomiendas presidenciales y sonaban rumores sobre un cambio inminente en el Palacio de Covián que tuvieron visos de credibilidad, tras de las renuncias del coordinador de asesores y el vocero de la Secretaría de Gobernación. Esas posiciones, junto al nuevo titular de Enlace Legislativo, fueron ocupadas aunque los funcionarios involucrados deberán esperar la ratificación del nuevo huésped de Bucareli. El caso más notable es el exalcalde de Morelia y el excandidato morenista a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, quien esperaba pacientemente integrarse al equipo de la SG, donde se espera una expansión de la presencia tabasqueña, con la incorporación de José Antonio De la Vega, Oscar Palomera, Hernán Bermúdez y Said Mena Oropeza.

AJUSTES. Luego del fracaso en las pasadas elecciones, llega el tiempo de pagar los platos rotos entre los morenistas de Jalisco. Ha surgido, sobre todo entre legisladores locales y federales, una exigencia: la destitución inmediata de Armando Zazueta Hernández, delegado de programas sociales en esa entidad y de Alejandro Peña Villa, a quien se le encomendó hacer la defensa del voto. Y es que a ambos personajes se les acusa de haber traicionado a los candidatos morenistas y de servir a los intereses de otros partidos, particularmente al partido del gobierno en el estado. ¿Será?