LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

Liberar el precio de la gasolina: ¿quién mide el riesgo político?

Liberar el precio de la gasolina: ¿quién mide el riesgo político?


Cada día se venden en México alrededor de 200 millones de litros de gasolina. La decisión de adelantar un año la liberación del precio de este bien es una temeridad. Poner fin a los precios controlados será complicado en su implementación y riesgoso políticamente.

Cada día se venden en México alrededor de 200 millones de litros de gasolina. La decisión de adelantar un año la liberación del precio de este bien es una temeridad. Poner fin a los precios controlados será complicado en su implementación y riesgoso políticamente. Traerá un incremento del precio final al público, bastante mayor al que traían los gasolinazos. Liberar quiere decir quitar topes o rangos de precios como el de 3% que tenemos en el 2016. El incremento será de alrededor de 10%, si tomamos como referencia los precios de Texas. Para el gobierno esto tiene el atractivo de que se traducirá en un aumento interesante de los ingresos públicos, manteniendo el compromiso de no subir los impuestos ni crear nuevos gravámenes.

A cambio traerá presiones inflacionarias y producirá incentivos para convertirlo en un tema político. Más allá del daño a la imagen de las autoridades que la implementen, el mayor riesgo reputacional será para la reforma energética, uno de los logros indiscutibles de esta administración. ¿Quién la defenderá cuando los consumidores reclamen porque la gasolina es más cara? La liberación traerá resultados en el mediano y largo plazo, pero en las primeras etapas habrá precios más altos, además de confusión, molestia y un campo fértil para el uso político del tema.

¿Cómo responderá el público consumidor? Esto dependerá de cómo se implemente la liberación. En fondo y forma: cómo se aterriza lo dispuesto por las autoridades y cómo se comunica. Los empresarios gasolineros han hecho pública su posición en favor de una liberación general en todo el país. Esto no es posible. Hay consenso entre legisladores y gobierno de que se hará de forma gradual. Empezará por las zonas en las que hay condiciones para hacerlo.

La Comisión Federal de Competencia será clave. Su evaluación será fundamental para determinar qué tan amplio será “el territorio liberado”. No se hará en regiones donde el número y la ubicación de las gasolineras sea insuficiente para garantizar la competencia entre los expendios. Tampoco podrá “liberarse” en lugares donde haya “estrangulamientos” al abastecimiento mayorista de las estaciones de servicio.

En una primera etapa la franja pegada a la frontera norte califica para la liberación. Parece claro que estados como Oaxaca y Guerrero no califican. Si allí se liberara, el precio no subiría 10%, sino 30 o 40 por ciento. En estos casos se aplicará un esquema de transición, con precios controlados, determinados por el gobierno federal.

¿Cómo se tratará el Bajío, Guadalajara, Puebla, la Ciudad de México o el Estado de México? Será interesante la forma en que las autoridades resuelvan estos casos. Las condiciones que pone la Cofece son estrictas y, además, podemos suponer que no serán las únicas. La visión de la autoridad de competencia económica tiene que ver con la existencia de condiciones para que haya mercados competidos, pero eso no es lo único a tomar en cuenta.

¿Qué peso tendrá en la ponderación el riesgo político de liberar? Hemos llegado a un punto en el que casi todo se puede leer en clave de la competencia por el 2018. Las elecciones del año próximo en el Estado de México harán más complicada la implementación en el Valle de México. La liberación es temeraria: ayudará las finanzas públicas, pero complicará el escenario político.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx