Justicia por propia mano

Sin duda, por efecto de la rapidez de las redes sociales y los medios que usan los espacios cibernéticos, hoy se sabe pronto y de más casos de linchamientos o actos de defensa propia frente a la acción de los delincuentes. Pareciera que van en crecimiento en la medida del hartazgo social frente a la ola de inseguridad que viene prevaleciendo desde hace muchos años.

¿De verdad vale a la sociedad decirle que se han presentado menos delitos que el sexenio pasado y que si antes habían sido 29 millones de asuntos ahora son 23 millones? Para el caso es lo mismo: la integridad física de las personas, la familia y su patrimonio, que son tutelados por el Estado siguen en un riesgo muy elevado que solo anima a que surjan voces promotoras de la defensa propia.

A la inseguridad se viene presentado –o al menos está quedando más al descubierto por la viralización digital- el fenómeno de hechos de crueldad extrema que antes eran noticias espectaculares que daban para hacer seriados y reconstruir con narrativas del periodismo policiaco. Ahora parecen empezar a formar de un fatídico paisaje cotidiano: la joven estudiante asesinada y colocada en un maletín por un franelero en Naucalpan; la joven española empleada de IBM secuestrada en Santa Fe y arrojado su cuerpo violentado en el estado de México; el maestro universitario sepultado en su propio domicilio y en cuya muerta la sospecha apunta a la pareja sentimental.

Y ni qué decir del caso de parricidio en contra de los cineastas León Serment y Adriana Rosique.

Haya hartazgo social por la persistencia de una delincuencia que, además de todo, sale impune por peripecias legales que conducen a la liberación de los criminales, como es el caso del hombre que mató e incineró a su esposa en Nuevo León en virtud de que se incurrió en faltas del debido proceso; o del asaltante solitario de Periférico y avenida Toluca en la ciudad de México que llevaba 8 detenciones igual por robo.

O hay una legislación penal que debe ser revisada para hacer más firme y considerar nuevos elementos para tipificar como graves algunos delitos que están fastidiando a la población, así como ampliar términos para las indagatorias previas al ejercicio de la acción penal; o dentro del nuevo sistema de impartición de justicia, habrá que revisar los mecanismos que están facilitando la salida de los imputados, de tal manera que se impida a titulares y empleados de juzgados atenuar las penas o, de plano, eliminarlas.

Hay un atorón en la procuración y la impartición de justicia que no se está queriendo revisar por conveniencia sea económica, política o por ineficacia.

Quienes consignan, están presionados por el debido proceso y la defensa de los derechos humanos de los indiciados; pero también continúan los vicios corruptos que facilitan la integración de averiguaciones previas endebles que sólo llevan a que en juzgados se cierre la pinza y se determine como insustanciada la consignación, a veces por falta de méritos o por mala estructura del cuerpo del delito.

Pero del otro lado, en el atorón de la justicia, se encuentra la sobrepoblación en los centros de reclusión preventiva y penitenciaria.

¿Cuántas cárceles se necesitarían para encerrar a todos quienes delinquen en todas sus modalidades, desde los asaltantes, los homicidas, los secuestradores, narcotraficantes… y los políticos y policías corruptos?

Si solo encerrar a los delincuentes de todo tipo garantizara el abatimiento de la inseguridad, el foco tendría que ponerse ahí. Pero pareciera que las cárceles además de universidades del crimen son los cotos de poder y el centro de negocios de algunos grupos.

Es un atorón, reitero, pero más que eso, nos encontramos en medio de grandes círculos viciosos: una legislación insuficiente o sujeta a negocios y caprichos partidarios en las Cámaras de Diputados y Senadores; una corrupción que no cesa en los órganos de procuración e impartición de justicia, así como en los sistemas policiales; un sistema penitenciario insuficiente y corrompido.

Y todo frente a un hartazgo social, como el de los empresarios y comerciantes de distintas localidades del país que está conduciendo a propuestas que suenan fáciles, pero de una gran complejidad, como el ampliar la posibilidad de la posesión de armas en casas, negocios y automóviles para hacer frente a los delincuentes.

El senador panista Jorge Luis Preciado está promoviendo esa posibilidad. Acepta que llevar a cabo una iniciativa de ese tipo es complejo porque implica que todo aquel que quiera poseer un arma deberá ajustarse a los requisitos impuestos por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que sanciona la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a la permisividad de la posesión.

No hay duda que frente al hartazgo muchos, demasiados, querrán tener un arma para hacer frente a los delincuentes.

¿Pero estamos preparados para hacer un uso adecuado de las armas? ¿Existe ese grado de civilidad?

Hay hechos aparentemente simples. Por ejemplo, en términos de interpretación jurídica muchas veces hay discusiones sobre cuándo existe posesión y cuándo portación, a partir de los elementos probatorios. Imaginemos qué pasaría entonces en el ámbito cotidiano de la gente en cuanto a determinar cuándo puede tenerla solamente y cuándo no debe portarla.

Poseer un arma no es permitir la portación que solo está permitida para los agentes del orden tanto públicos como privados, bajo ciertas modalidades y cierto tipo de armas.

¿Se quiere abrir, así como así, una licencia para hacer justicia por propia mano? Ni duda cabe que muchos estarían de acuerdo, sobre todo esos millones y millones de personas que han sido afectadas en su integridad física, en su patrimonio, en su familia… que han sido objeto de vejaciones, mutilaciones, despojo y daño psicológico.

Los linchamientos de delincuentes en plazas públicas de varias poblaciones o de asaltantes de transporte público están siendo un desfogue para quienes, aun poniendo su vida en riesgo, hacen frente a los delincuentes.

Dar espacio a que la gente se arme tal vez solo estaría poniendo en regla algo que seguramente ya pasa.

Pero también daría lugar a escenarios de cruentas batallas entre ciudadanos: los que buscan despojar y los que se defienden ante una insuficiente acción o regulación del Estado, entendido este como todos los órdenes de gobierno, el legislativo y las organizaciones sociales.

El tema es demasiado complejo, como bien acepta el senador Preciado. Ojalá no sea sólo una ocurrencia en busca de foco porque la inseguridad que se vive no es simple percepción.

PostSriptum.- Y a propósito de temas de inseguridad: la fuerza de las redes sociales pareciera que es la única que está llevando a organismos de investigación policial y ministerial a actuar de manera rápida, con resultados prontos. No en todos los casos, pero ha habido respuestas. El punto es ¿cuántos cientos de casos que no son virales no están siendo atendidos?