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En la agonía de su mandato, Luis Echeverría preguntaba qué era “eso” llamado Amnistía Internacional que ganó el Nobel en vez de él.

Cuarenta años después, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, se ufana (anoche, con Carlos Puig, En 15 de MILENIO) de que el gobierno de Enrique Peña tiene una “absoluta apertura al escrutinio internacional”.

¿Miente?

Bastaría el caso Iguala, en cuya investigación vienen participando los forenses argentinos y los expertos independientes de la CIDH, para confirmar tal aseveración, a pesar de que unos y otros han puesto en duda las averiguaciones de la PGR que llevaron a la cárcel a 120 probables responsables.

A través de su representante, los padres quieren hoy una “presencia indefinida” del GIEI, el secretario de Gobernación descarta una nueva prórroga y Campa explica que, cuando concluyó su primera etapa, los expertos pidieron otros seis meses, que vencen en abril.

Después de un año de su valioso escrutinio internacional, les resta un mes para demostrar algo distinto a la canija pero sólida “verdad histórica”.

 

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