Elecciones 2024
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La corrupción y la impunidad son los pilares del descontento mexicano, junto con la baja calidad de los gobiernos, el desprestigio de los partidos políticos, y de la política.

Para estos problemas no tienen respuesta las reformas de Peña. Hay que diseñar nuevas. Pienso en cuatro tipos de de debilidades institucionales que requieren agendas prioritarias:

1. Debilidades de la moral pública, cuyos ejes son la corrupción y la impunidad en todos los órdenes. Sin una contención cabal de estos dos males, poco podrá avanzarse en otros campos, pues lo invaden y lo cruzan todo.

2. Debilidades de la gobernabilidad, cuyos ejes son la fragilidad política de los gobiernos divididos, la baja calidad de los gobiernos electos y las simulaciones del federalismo mexicano, que reconoce competencias y soberanías a gobiernos que ni son competentes ni son soberanos.

3. Debilidades de la democracia, que se refieren a las contrahechuras de nuestro diseño político-electoral. Sus ejes son la corrupción electoral, los privilegios oligopólicos del régimen de partidos, y la crisis de identidad, expresada en una pluralidad artificial que representa cada vez menos las aspiraciones ciudadanas.

4. Debilidades de la fábrica social, cuyos ejes son la mala distribución del ingreso expresada en la desigualdad crónica de México; el déficit de la modernidad educativa, expresada en la falta de empleos para los jóvenes que estudian, y el déficit de la modernidad sanitaria, expresada, como en ninguna otra, en la enfermedad catastrófica para el futuro de México que es la obesidad, hija por igual de la ignorancia popular, la pobre regulación sanitaria y la debilidad institucional ante la lógica de negocios de la industria alimentaria.

Estas debilidades, digamos estructurales, de la vida pública mexicana sugieren la necesidad de una agenda nueva, no sustituta, sino complementaria de la asumida por las reformas del Pacto por México.

Quiero decir con esto que hay que seguir pensando el futuro sin quitar el dedo del renglón de la reforma educativa ni de la de competencia económica ni de la energética ni de la de telecomunicaciones ni de ninguna de las otras que están legisladas ya, que son 12.

Pero hay que pensar también en lo que falta, que es bastante.

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